La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 145, correspondiente a marzo, donde registró un total de 208 conflictos sociales, seis más que en febrero. Además, se reactivaron dos casos y otros dos pasaron de estado activo a latente.

LOS NUEVOS CASOS
Los casos nuevos se presentaron en Ayacucho, Huancavelica, Junín y La Libertad. En Ayacucho, pobladores de la comunidad campesina Uchuypampa exigen a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) el pago por derechos de servidumbre a los nuevos posesionarios de los terrenos de la zona de influencia.

En Huancavelica, organizaciones sociales de la provincia de Tayacaja reclaman al Ministerio de Educación la conformación de la comisión organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja para su funcionamiento.

En Junín, pobladores del centro poblado menor de Andaychagua reclaman por presunta contaminación ambiental y afectaciones a la salud de las personas por las actividades mineras de la empresa minera Volcan.

En La Libertad se registraron tres casos nuevos. El distrito de Casa Grande (provincia de Ascope), trabajadores de la Agroindustrial Casa Grande reclaman a la empresa mejoras en sus remuneraciones salariales y laborales. En Quiruvilca (provincia de Santiago de Chuco), la población del caserío El Sauco exige a la empresa minera Barrick Misquichilca S.A. el pago de una indemnización por afectaciones al ambiente, específicamente a las fuentes de agua cercanas al caserío y de las que se abastece. Y en Usquil (provincia de Otuzco), la población del centro poblado Barro Negro se opone a que la constructora Consorcio Papelillo, que ganó una licitación convocada por la Municipalidad de Usquil, inicie la construcción de una carretera muy cerca de la ribera de la laguna San Lorenzo considerada como zona intangible, por el temor a que la obra pueda afectar la calidad del agua de dicha laguna.

CASOS REACTIVADOS
Durante marzo se reactivaron dos casos. El de “Mareniyoc-Barrick” en Áncash y “Antauta y Ajoyani-Minsur” en Puno. El primero se reactiva luego de 4 meses sin actividad, debido a que las partes se han reunido para retomar la agenda pendiente referida al abastecimiento de agua para la comunidad. El otro caso estuvo en latencia por catorce meses, y se reactivó cuando la población inició una paralización exigiendo que la empresa atienda sus reclamos.

REGIONES

Respecto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Apurímac continúa concentrando la mayor cantidad de casos que se desarrollan en una sola región (23 casos), seguida de Áncash (22) y Cusco (17). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (70,2%). En relación a actividades extractivas vinculadas a conflictos, la minería continúa siendo la que se relaciona con más casos socioambientales (63,3%).

ALERTA DE LA DEFENSORÍA

La Defensoría del Pueblo alerta a las autoridades correspondientes y a todos los actores en el conflicto respecto de seis casos nuevos registrados y dos reactivados. Asimismo, se han reportado 23 situaciones que puede derivar en nuevos casos si no son atendidas a tiempo.