Por Justiniano Apaza Ordóñez*

Con ocasión del 475 aniversario de fundación española de la ciudad de Arequipa, en el discurso de orden, el alcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra, anunció que solicitará a Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV) un aporte económico estimado en 500 millones de soles, para la ejecución de obras en la ciudad. A este pedido se han sumado los alcaldes distritales y la Gobernadora regional.

El anuncio, si bien sorprendió a muchos, no es nuevo. Recordemos que el 2 de agosto del 2006 se suscribió un Compromiso entre SMCV y el Comité de Lucha de los Intereses de Arequipa, que en el punto Cuarto señala que: “Las partes suscribirán un Convenio Marco Interinstitucional por el desarrollo de Arequipa […] el cual estará vigente hasta el cierre de la mina de la Unidad de Producción Cerro Verde…”. El mismo fue ratificado en el  Acta de Acuerdos entre el Comité de Lucha y SMCV suscrito el 16 de mayo del 2007. 

Como era de esperar, el pedido de Zegarra ha merecido la reacción prepotente de la ministra de Energía y Minas, que actúa como  guardián de los intereses de las mineras, y lo ha ridiculizado señalando que “no tiene pies ni cabeza”. Por su parte, el señor Roque Benavides, accionista de SMCV, también ha desestimado la pretensión del Alcalde, señalando que la empresa no está en condiciones económicas y que este aporte sería un nuevo tributo para Arequipa. De esta manera, desconoce los documentos suscritos en 2006 y 2007.

SMCV y las empresas mineras, si bien se encuentran comprendidas en el régimen tributario general, gozan de una serie de privilegios (depreciación acelerada, devolución anticipada del IGV, entre otros) por lo que, en realidad, pagan menos. Otra  confusión  se produce porque las empresas mineras, por su influencia en el poder político, han logrado etiquetar sus pagos por impuesto a la renta como “canon minero”, dando a entender, equivocadamente,que realizan un aporte adicional o excepcional, lo que no es cierto. 

Los aportes que se exigen a SMCV se sustentan en que la empresa minera explota un recurso (no renovable) que no es de su propiedad y, por lo tanto, los propietarios del recurso (Arequipa, en este caso) deben recibir un pago adicional al pago de los impuestos comunes que pagamos todos, como compensación a la descapitalización que genera a la región la extracción de estos recursos. Además, SMCV está obligada a compensar a  Arequipa por la utilización de la infraestructura urbana de la ciudad, la que utiliza como un “campamento” para sus operaciones.

Finalmente, para evitar discusiones sobre el monto del aporte, considero se debe optar por establecer un porcentaje de las utilidades, antes de impuestos; asimismo, para la administración de estos recursos se debe constituir una entidad conformada por los alcaldes, colegios profesionales y representantes de la sociedad civil. Espero que los alcaldes que  levantan esta demanda lo hagan por identificación con las expectativas de la población y los desafíos del desarrollo de Arequipa y no primen consideraciones de cálculo político electoral.

*Congresista