Con el objetivo de discutir los problemas actuales del sector minero y plantear soluciones, congresistas, representantes del Estado, empresarios y ONGs se dieron cita en el conversatorio “Desafíos de la Nueva Minería en el Perú” organizado por la Comisión de Energía y Minas, que preside el congresista Rubén Coa.
El conversatorio estuvo integrado por los congresistas, Eduardo Cabrera y Martín Belaunde; Julia Torreblanca, Vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Cerro Verde; Roque Benavides, Gerente general de la Mina Buenaventura; José López, coordinador del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo; Raúl Rabelo, coordinador del SEIA del Ministerio del Ambiente; Rafael Melgarejo, de AngloAmerican; Felipe Quea, Gerente de Pleno Ingeniaría, entre otros representantes del sector.
La mesa destacó que “la minería seguirá siendo la principal forjadora del desarrollo de la patria” y que uno de problemas principales es la ausencia del Estado para garantizar las inversiones.
Eduardo Cabrera dijo que es evidente que el Perú es un país rico en minería, pero anotó que las empresas mineras deben comprender que se requiere garantizar el cuidado del ambiente. Además recomendó que se investigue al gran número de violentistas que orquestan la anarquía en proyectos como Tía María y Conga.
Para Julia Torreblanca, Vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Cerro Verde, las protestas sociales, lejos de reclamar el cuidado del ambiente y estar en contra de las empresas, en realidad están invocando la presencia del Estado.
“Los conflictos sociales, aunque parecen contra las empresas, son una oportunidad para que la población saque a la luz su lista de pedidos con la excusa del medio ambiente. Los especialistas del Estado deben llegar antes de que el problema explote”, refirió.
Roque Benavides, gerente general de la Mina Buenaventura, exhortó al Estado a cumplir su papel de garante ante las inversiones y enfatizó que no hay forma que la sierra del Perú se desarrolle sin la minería.
“No hay forma que la minería se desarrolle sin el apoyo del estado. Me siento muy frustrado de que las cosas no anden a la velocidad que deberían andar”, dijo.
Añadió que “no podemos vivir de espaldas a la sierra. Quienes insisten en esa actitud no quieren a ese importante sector de nuestro territorio rico en minerales y, por ende, no quieren al Perú. Todos debemos colaborar en la solución de los problemas porque de por medio están los intereses del Perú”.
Por su parte, José López, coordinador del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo, generó debate en la mesa al sostener que, es necesario repensar la ley general de minería y establecer la suspensión de un proyecto por inviabilidad social.
“Durante su mensaje a la nación sobre las protestas contra Tía María, el presidente afirmó que no había una base legal para suspender el proyecto. Esa base legal debería contemplarse en la ley general de minería y debe ser aplicada cuando haya inversiones inviables como el caso de Southern”, sostuvo.
Asimismo, López indicó que: “en los audios que revelan la extorsión de Pepe Julio Gutiérrez, que se dan por ciertos, no se está leyendo o no se quiere leer el significado de la participación Southern”. Es importante que el Congreso cite a su presidente para esclarecer los hechos. "Porque así como hay buenos mineros, también hay quienes hacen las cosas a espaldas de la ley”, remarcó.
El conversatorio también destacó el inició de las actividades del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para la Inversión Sostenible (SENACE), cuyo objetivo primordial es agilizar la expedición de certificados de impacto ambiental.
Raúl Rabelo, coordinador del SEIA del Ministerio del Ambiente, fue optimista y señaló que los problemas mineros que se han suscitado en el país tendrán solución a la brevedad con la operatividad del SENACE, entidad que aplicará las reglas contenidas especialmente en el nuevo Reglamento Ambiental Minero.
“Estamos seguros que se aplicará una moderna regulación que simplificará el proceso de impacto ambiental. Comprobaremos que la minería nacional retomará su rumbo y será más atractiva para las inversiones nacionales y extranjeras”, dijo.
Al respecto, Rafael Melgarejo, de AngloAmerican, sostuvo que el SENACE, “tiene el reto de entender el marco legal que se encuentra vigente para el sector y apuntar al justo medio entre la inversión y la fiscalización minera”.
Felipe Quea, Gerente de Pleno Ingeniaría, recomendó que el SENACE debe tener en cuenta una sanción a las consultoras que laboran los EIAs. “Tomando el caso de Tía María, hemos tenido un EIA con más de 300 observaciones. Eso no puede ser posible”, reflexionó.
Asimismo, sostuvo que Los EIAs son instrumentos que aportan información valiosa, no solo para el desarrollo de un proyecto, sino también para el Estado, pero, después de su aprobación, duermen el sueño de los justos y no sirven para nada. “Debe formar parte de la base de datos oficial del Estado”, recomendó.
Asimismo, Quea, indicó que más allá del monitoreo participativo de las cuencas, “tan de moda”, se debe tener en cuenta cuánta gente está realmente capacitada para ejercerlo. “No basta con charlas y una que otra capacitación, el Estado debe ser garante”, puntualizó.
Uno de los temas a tratar era la Consulta Previa, específicamente en la zona andina, en donde se desarrolla la mayor cantidad de proyectos mineros. Pero el tema se postergó para otra sesión, sim embargo, Quea aprovechó para dejar la pregunta abierta: ¿Cómo se va a resolver el problema que ha generado la promulgación de la ley?
La pregunta resulta muy complicada, teniendo en cuenta que el 90 % de la población andina no se identifica con pueblos originarios, sin embargo tienen la percepción que la ley es para todos y reclaman su aplicación.
