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DEBATE
Romero Caro: Mayorga pretende vulnerar contrato-ley
16/09/2014

Mayorga pretende vulnerar contrato-ley

Gestión

(Por Manuel Romero Caro, Economista)

El artículo que yo publicara en Gestión el 10.09.14, fue respondido por el ministro de Energía y Minas el 12.09.14; a continuación mi respuesta.

Un primer aspecto a señalar en relación a la respuesta del ministro Mayorga, es que a pesar de que intentó responder el cuestionamiento de por qué el Estado (y no el mercado) tiene que fijar el precio del etano, eludió responder a una serie de interrogantes, como por ejemplo: ¿cómo se compensaría a los consumidores eléctricos por los aportes que efectuarían para el Gasoducto Sur Peruano (GSP) si no bajarían las tarifas como fue en el caso de Camisea?

Retornando al pasado
La carta del ministro Mayorga contiene una evidente contradicción, ya que mientras afirma que uno de los principios más importantes de su sector es mantener precios reales, de conformidad con las leyes del mercado (párrafo 3), en el siguiente párrafo afirma que “es ampliamente conocido que la industria petroquímica requiere de un tratamiento especial”. Es por ello que insiste en que el precio del etano, insumo básico para la petroquímica del etano (PQE), sea fijado por el Estado. En otras palabras, pretende retornar a la época, ya ampliamente superada, de los tratamientos selectivos que generaron numerosas industrias ineficientes que no pudieron afrontar la competencia extranjera cuando se abrió nuestra economía. 

¿El ministro pretende abrir la puerta para retornar a algunos aspectos del modelo económico anterior?; ¿por qué un grupo de burócratas, que fijaría el precio y la cantidad de etano a ser comercializada, va a tener más conocimiento que los empresarios que diariamente operan en dicho sector? ¿Cuáles serían los criterios que se utilizarían para determinar el precio? Además a la industria petroquímica ya se le han otorgado numerosos incentivos mediante Ley 28176 y DS 031-2004-EM, y el subsidio de los consumidores eléctricos posibilitará que el gas y los insumos que requiere la PQE lleguen a la costa. Pero además de ellos, el MEM pretende que se le otorgue un precio del etano subsidiado.

Lo que está claro es que en una negociación entre empresas privadas para fijar el precio de un insumo, el Estado no tiene por qué intervenir para determinar el precio del mismo. Lo que sucede es que tanto en el GSP como en laPQE ha habido una serie de intervenciones del Gobierno de carácter político, y marchas y contramarchas para otorgar “apoyos” a esta industria “estratégica”.

De otro lado, este es un tema sobre el cual sería importante conocer la opinión del flamante ministro Segura, ¿está elMEF de acuerdo con este tipo de “incentivos”?; y considerando que la petroquímica intermedia y final es responsabilidad del Produce, ¿cuál es la opinión del ministro Ghezzi? ¿Este es un ejemplo de cómo vamos a lograr la diversificación productiva? ¿Esta es la manera en que vamos a lograr mayor valor agregado? 

Asimismo, Mayorga no responde por qué si para la petroquímica del metano se utilizó un concurso internacional para obtener el precio de dicho insumo, ¿ahora en el caso de la PQE se quiere obligar a que sea el Estado el que fije el precio y la cantidad? Si diversas empresas de nivel reconocido internacionalmente han expresado su interés en la PQE, ¿por qué no se puede convocar a un concurso privado?

En este contexto no se entiende por qué el ministro Mayorga no explica cuál es el apuro por “fijar” desde ahora el precio del etano. En otras palabras, se está poniendo la carreta delante de los caballos. ¿Cuál es el apuro de fijar precio y cantidad desde ahora si no se tiene la empresa (o consorcio) que llevará adelante la PQE?

Santidad de los contratos

Un aspecto importante del artículo publicado el 10.09.14 es que las declaraciones del titular de Energía: “Hemos creado una comisión para analizar a qué precio debemos entregar el etano a una planta petroquímica de polietileno que se instale en la costa sur, que sea competitiva a nivel internacional”, señalan una voluntad de violar la libertad de contratación establecida en el artículo 62 de la Constitución, y vulnerarían el contrato-ley suscrito para la explotación de hidrocarburos del lote 88 (libre disponibilidad), el que no puede ser modificado legislativamente. Hay que recordar que el artículo 8 de la Ley de Hidrocarburos establece que los hidrocarburos son del Estado mientras estén bajo tierra (“in situ”), pero una vez extraídos le pertenecen al licenciatario, el que puede disponer libremente a quién le vende, cuánto y a qué precio. 

Se imaginarán cuáles serían las repercusiones en la difícil coyuntura actual si es que se insiste en la idea de vulnerar el contrato-ley, en un momento en que el Gobierno está insistiendo en medidas para atraer más inversión extranjera. 

De otro lado, el ministro no afirma que lo señalado en el artículo sea falso, sino que “es impreciso señalar que mi gestión impulse medidas que colisionan con la Constitución, pues estas se encuentran estrictamente dentro del marco de la Ley 29690, la Ley Orgánica de Hidrocarburos y a la Constitución Política del Perú”.

El titular de Energía se ampara en la Ley del Etano (N° 29690), que es la que finalmente establece que el Estado fijará el precio del etano; enfatizando que él está “obligado” por dicha ley a promover la PQE. Sin embargo hay que señalar que este Gobierno, al aprobar la Ley 29970 (artículo 6), ratificó lo establecido en la Ley del Etano e inclusive lo amplió. Por lo que aquí solo caben dos posiciones: o se está de acuerdo con las leyes 29690 y 29970, en cuyo caso hay que decirlo claramente y no afirmar que se está “obligado” a hacerlo. O se está en desacuerdo con lo aprobado por el Gobierno al cual pertenece. Y en este último caso existe una manera de evidenciar este tipo de discrepancias que está vigente desde hace muchos siglos, y se llama renuncia irrevocable. De lo que se trata es de defender principios, y en este caso es el respeto a las reglas del juego establecidas.


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