La Nueva Mayoría se constituyó paso a paso durante el gobierno de Sebastián Piñera y no es otra cosa que la agregación del PC a la vilipendiada ex Concertación. Los partidos elaboraron acuerdos en materia tributaria y de educación bastante sólidos, más progresistas por lo demás en diversos aspectos que lo que quedó establecido en el programa presidencial de Michelle Bachelet, que luego apoyaron, junto a constituir un acuerdo parlamentario. En la campaña presidencial apoyó además (algo) a Bachelet el candidato de primarias Andrés Velasco, lo que resultó en que al menos un ministro y diversos funcionarios de confianza presidencial pertenecen a su agrupación política.
La Nueva Mayoría es una coalición “en el gobierno” pero no “de gobierno”, puesto que no parece contar con reglas muy claras ni racionales de funcionamiento. Desde luego Andrés Velasco es un opositor directo y con altas dosis de mala fe en sus argumentos contra las reformas de Michelle Bachelet, pero el ministro de su sector permanece en el cargo sin pronunciarse al respecto. Por su parte, Ignacio Walker es un cuasi-opositor verbal de casi todas las políticas del gobierno, pero se dirá que si la sangre no llega al río de la falta de apoyo parlamentario a los proyectos de ley, entonces será mera retórica, incómoda pero inocua. Sin embargo, parece ser que los senadores de su partido anunciaron que no votarían por la reforma tributaria del gobierno aprobada en la Cámara y forzaron un acuerdo con la derecha y el mundo empresarial.
Entonces no está claro el tenor de los acuerdos programáticos previos entre los partidos de la Nueva Mayoría, ni la naturaleza del apoyo al programa de la presidenta Bachelet, ni por qué éste es distinto a los acuerdos iniciales de los partidos ni en qué medida participar del gobierno con ministros y funcionarios implica algún compromiso discursivo y de apoyo parlamentario, con algún trabajo pre-legislativo regulado. Es una coalición con pequeñas y grandes discrepancias no zanjadas y acuerdos que no se sabe hasta dónde llegan. Y un gobierno en el que incluso la ministra de la Presidencia se permite encabezar los llamados a nominar desde ya candidaturas presidenciales partidistas, lo que manifiestamente no está en los ritmos de un gobierno de cuatro años que seguramente quisiera razonablemente al menos dos años de gestión sin debates electorales que compliquen la amplia y complicada tarea que se ha propuesto realizar.
El tema no es que en una coalición heterogénea (y que incluye nada menos que a los protagonistas chilenos de la guerra fría. el PDC entonces alineado con Washington y el PC entonces alineado con Moscú, y además financiados por ambas capitales, según consta en la documentación histórica desclasificada) haya distintas visiones y opiniones. El problema es que no se zanjan y no tienen un método previsto para hacerlo. Zygmunt Bauman diría que es una coalición “líquida”. Tanto más si se considera que, por su parte, Marco Enríquez-Ominami ofrece un apoyo político a las reformas desde fuera del gobierno y del parlamento, con el planteamiento de buscar un acuerdo para una “nueva Nueva Mayoría” constituida en base a primarias para todos los cargos en el futuro.
Tal vez la política chilena de hoy no tiene otra manera de existir que mediante simples acomodos variados de intereses, sin buscar demasiada coherencia ni proyección de ideas de sociedad en los asuntos públicos, en los que “no se tiene ya más recursos ni intelectuales ni morales ni motivacionales para tomarse de la mano y razonar juntos sobre formas más decentes de convivencia”, en palabras del filósofo italiano Salvatore Veca (en Non c’è alternativa. Falso, 2014).
Pero este método de gestión política es inevitablemente fuente de anomia social y de futuras explosiones disruptivas y, hasta ahora, de discordancias casi cotidianas en las filas gubernamentales y parlamentarias de la coalición gobernante. Lo que es, además, amplificado por la oposición, que pugna por traer agua a su molino y procura, con bastante éxito hasta aquí, lograr morigeraciones sustanciales de las reformas anunciadas. Y nada menos que para que todo siga igual y la democracia deje de cumplir su función de zanjar civilizadamente diferencias mediante el principio de mayoría cautelando los derechos fundamentales.
Se podría pensar que una reforma de la política chilena debe incluir en el futuro un ejercicio distinto al que estamos acostumbrados, es decir dar el visto bueno a programas sin intención de cumplirlos y hacer promesas que luego no se llevan a la práctica, porque son inviables, porque no se cree en ellas o porque se declina la voluntad política de llevarlas a cabo en nombre de la resignación y de un “sentido de la realidad” que se olvida de todo “sentido de la posibilidad”, en la expresión de Robert Musil en su El hombre sin cualidades, es decir de la tarea de la política de ampliar las fronteras de lo posible. Un nuevo ejercicio podría ser el de que cada fuerza política someta con claridad su visión y su programa de gobierno a los electores en primarias (con las fuerzas con mayor cercanía programática pero que deben dirimir liderazgos). En un contexto así, tal vez la inclusión más o menos mediata del progresismo de Marco Enrìquez-Ominami en la Nueva Mayoría tenga sentido.Pero lo más probable es que los DC y socialistas conservadores veten toda nueva reestructuración política y la creación de reglas de coalición más racionales. Ese escenario obligaría a que sea la primera vuelta presidencial en la que se pida la adhesión para candidatos que encarnen una visión y un programa a ser dirimidos por los electores.
Si no emerge una mayoría absoluta para alguna candidatura, las fuerzas políticas más cercanas estarían entonces llamadas a confluir en la candidatura que calificó para la segunda vuelta presidencial. Pero esto debiera hacerse de manera distinta a lo visto hasta ahora: en base a un pacto preciso y detallado de gobierno. Y no de la convocatoria presidencialista que reúne adhesiones finales canalizando esperanzas vinculadas a la distribución de cargos gubernamentales, pero que con frecuencia termina sin mayoría parlamentaria o con componendas incoherentes de geometría variable. Lo republicano sería que los partidos con cercanía suficiente confluyan en una agenda de gobierno para cuatro años en función de la cual den un apoyo presidencial de convergencia en segunda vuelta y un pleno y riguroso apoyo parlamentario a los temas pactados. Y constituyan coaliciones sólidas.
¿No será un mejor método de gobierno construir de ese modo acuerdos ciertos y privilegiar la transparencia de lo comprometido frente a los ciudadanos? Aunque siempre está la opción de no innovar y de mantener el día a día de nuestra democracia “líquida” crecientemente deteriorada, que crea acomodos convenientes para sus actores pero que produce muy pocos de los resultados a los que aspiran los ciudadanos.
*Economista de la Universidad de Paris I Panthéon-Sorbonne, doctor de la Universidad de Paris X Nanterre y profesor titular de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago.
