Por Daniel Fernández Canedo.

" Es sólo un cambio en el domicilio de pago ”, decía ayer el ministro Axel Kicillof cómo intentando minimizar las consecuencias de la mecha encendida el martes por la Presidenta, al anunciar el proyecto de ley para proponerle un cambio en las condiciones de cobro a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010.

Lejos de ser “sólo” un cambio de lugar de pago, la propuesta oficial generó una montaña de dudas, de respuestas imposibles en el corto plazo pero con algunas certezas: la Argentina está hoy más lejos de resolver la situación de default que antes del discurso de Cristina Kirchner.

El Gobierno volvió a dejar en claro que no está dispuesto a cumplir con el fallo del juez Thomas Griesa (pagarle US$ 1.600 millones a los fondos buitre que ganaron el juicio) y que buscará un camino alternativo para intentar pagarle a los bonistas que entraron a los canjes y que no cobraron los servicios de julio.

Haber presentado ahora el proyecto de ley ayer para que esos bonistas puedan cobrar en Buenos Aires y no en Nueva York, y por intermedio de Nación Fideicomiso, respondió a que el 30 de septiembre hay otro vencimiento de bonos por US$ 200 millones.

Ya se sabe que el Banco de Nueva York no aceptará el depósito del gobierno argentino y, por lo tanto, se profundizaría la situación de default.

Según los banqueros, la alternativa de pagar en Argentina y no en Estados Unidos difícilmente logre mucha aceptación entre bonistas que ya soportaron una reestructuración por parte del mismo gobierno que ahora les propone volver a cambiarles las reglas de juego. Lo consideraban como demasiado cambio en poco tiempo.

Menos aún sería viable para los fondos buitre, a los que el Gobierno también les propondrá, según el proyecto de ley, depositarle en la Argentina el monto equivalente a lo que les correspondería si hubiesen ingresado a los canjes. Entre ese monto y lo que dice el juicio, la distancia es sideral.

Si bien no hay negociaciones en tono activo, varios banqueros que trataron con los buitres sostienen que por cada US$ 100 que ellos pretenden, lo que depositaría Argentina rondaría los US$ 20, y que para un boceto de acuerdo habría que acercar la cifra a los US$ 75. En esta instancia, ni el Gobierno ni los holdouts creen que un acercamiento sea posible.

Así ayer se desvanecía con fuerza la expectativa, que dominó el mercado financiero en las últimas semanas, de que después de las peleas y agresiones, en enero, una vez que no estuviese el temor a las consecuencias de la cláusula RUFO (una mejora para un bonista le corresponde a todos), llegaría un acuerdo que le permitiría a la Argentina volver a los mercados de crédito, y de ahí entrar en un ciclo virtuoso de recuperación económica habría sólo un paso.

Esa expectativa de rápido regreso a los mercados que permitiera el ingreso de dólares para “anclar” el dólar oficial y las tarifas, compensar el fuerte déficit fiscal, y permitir el ansiado objetivo oficial de expandir el consumo interno contra viento y marea, chocó fuerte contra otra realidad.

Si bien está claro que lo que menos quiere el Gobierno es volver a devaluar cómo en enero, una duda es cómo serán los próximos meses en los que la escasez de dólares puede ser un denominador común.

Ya antes del lanzamiento del proyecto, empresas e importadores calculaban que entre la Secretaría de Comercio y el Banco Central mantenían “pisados” pagos del importaciones por entre US$ 3.500 y 4.000 millones.

Con más trabas en el camino hacia los mercados, el cuidado de las divisas para los pagos de importaciones seguramente se hará más intenso en el Gobierno y el sector privado debería poner las barbas en remojo.

Pero ayer, algunos financistas se frotaban las manos y apostaban a que los bonos argentinos podrían ser una vía para obtener dólares en el corto plazo debido al altísimo rendimiento que ofrecen.

Con la baja de ayer, el Boden 2015, un título que pagará renta en octubre del año próximo y para lo que el Gobierno deberá desembolsar unos US$ 6.000 millones, ofrecía a los inversores un rendimiento superior al 16% anual en dólares. Un rendimiento espectacular que haría las delicias de un fondo buitre.

En un mundo de tasa de interés cero, un 16% anual en divisas constituye un atractivo poderosísimo para grandes fondos de inversión que, aún cuando la Argentina quede afuera de la órbita financiera de Estados Unidos, justificarían correr el riesgo de comprar un título de un país cuyo gobierno siempre está dispuesto a cambiar las reglas.

Sólo basta tener en cuenta que en el nuevo proyecto de canje se propone reabrir la “ley cerrojo” que en reiteradas oportunidades el Gobierno juró que “jamás” volvería a ser tocado en el intento de convencer a los bonistas y la gente de que se trataba de decisiones serias y para siempre.

La suba del dólar paralelo de ayer (cotizó a $ 13,55) amplió la brecha a 62% con el dólar oficial de $ 8,33.

Tanto la suba del blue como el crecimiento de la brecha siempre generan inquietud dentro y fuera del Gobierno.

En el Banco Central porque se considera un anticipo de posibles reticencias de los exportadores para liquidar divisas a la espera de definiciones.

Para la gente, una trepada del dólar paralelo suele encender luces amarillas respecto a que algo está pasando en la economía y es tiempo de prudencia a la hora de tomar decisiones de gasto.

Tanto la distancia para salir del default cómo la incertidumbre crecieron ayer significativamente y, al decir de un experto en crisis, “nadie sabe la velocidad de deterioro de la confianza” que puedan tener los agentes económicos, grandes o chicos.

Mientras el Gobierno y la oposición discutan el proyecto enviado al Congreso para cambiarle el lugar de pago a los bonistas y reabrir el canje en un intento frágil de tentar a los fondos buitre, las presiones sobre el dólar oficial, el paralelo y el nivel de la tasa de interés (¿la querrá seguir bajando Kicillof?) están llamadas a volver a ubicarse en el centro de una escena recesiva en la que los riesgos de perder el empleo ocupa cada vez más espacio en la cabeza de muchos.

Ricardo Talesnik DRAMATURGO.

En la década del 50, los atorrantes del barrio le decíamos pagadió al acto de irse sin pagar de una confitería o un bar después de consumir lo imposible para nuestros bolsillos. La popular expresión provenía del “Dios se lo pague”, título utilizado por el cine, el teatro y hasta el ballet.

-¿Hacemos pagadió en la confitería de Marcelo T. y Libertad?- me proponía mi compañero de aventuras adolescentes. Y allá íbamos. Un festín de sanguiches de miga y masitas hasta el hartazgo y subsiguiente huida no sólo sin pagar sino además con toda la vajilla utilizada. Repetimos la proeza un par de veces más, una de ellas con dificultades en plena fuga pero con final feliz.

En aquellos años de adolescencias más ingenuas y reprimidas nos sentíamos protagonistas de una aventura de riesgo extremo. Enfrentarla nos generaba adrenalina y el éxito elevaba al máximo nuestro nivel de autoestima.

Me imagino lo que habrán sentido Cristina y Axel haciéndole un pagadió al juez Griesa.

Por supuesto, son hechos incomparables. Lo nuestro fue apenas comer sin pagar, afanar vajilla y darnos dique con la barra. En cambio La Presi y el Mini le hicieron terrible pagadió al juez de una potencia mundial.

¡Y encima le anunciaron que pagarían cuándo y cómo se les antojara! ¡Cómo no se iban a mirar en las fotos matándose de risa y con ojitos de picardía! ¡No tiene precio lo que hicieron! (Algunos gorilas dicen que sí, pero que lo va a pagar la gente).

Si aquellos dos atorrantes de la Plaza Lavalle tuvieran hoy la misma edad y la misma cabeza de entonces y hubieran sido testigos de semejante pagadió internacional, se sentirían totalmente identificados y morirían de admiración ante tanta audacia.

No desde lo ideólogico ni lo partidario. Sólo por admiración a la temeridad.

A ellos no les importaría quién tiene razón, no tratarían de discriminar lo justo de lo injusto, no harían especulaciones políticas ni electorales. Dirían “¡Qué grande! ¡Les hicimos pagadió a los yanquis! ¡La tenés adentro, imperio! ¡Y llore, y llore, y llore imperio llore!

Por Carlos Pagni.

La comparación con la Guerra de las Malvinas ha sido un argumento muy frecuente para analizar el conflicto con los holdouts. En ambos casos aparecen gobiernos que intentan obtener consenso social movilizando sentimientos nacionalistas. Pero, a diferencia de lo que ocurrió en 1982, esta vez la Argentina obtuvo un apoyo internacional muy extendido. La modificación del lugar de pago de los bonos reestructurados, que la Presidenta anunció anteayer, sugiere un nuevo parecido. Como la dictadura que quiso recuperar las islas por las armas, el kirchnerismo dejará a su sucesor un complejo problema internacional.

La explicación se puede encontrar en el discurso que Cristina Kirchner pronunció ayer en la Bolsa de Comercio: dijo ahí que el país puede prescindir de la inversión externa. Está cada día más claro que el primer inconveniente que deberá abordar quien asuma el poder el 10 de diciembre de 2015 será el de la deuda pública.

Con su monólogo de ayer por la mañana, Axel Kicillof agregó poco a lo que su jefa ya había informado. Comenzó con algunos brochazos sobre las perversidades de "la etapa neoliberal" y después reconstruyó la estrategia del Gobierno frente a la deuda: "Néstor Kirchner tomó una bola de nieve, la derritió y la convirtió en otra más chica". Un prodigio de la física. Al final, el ministro consignó algunos detalles de la esgrima con los holdouts y ratificó que quienes ingresaron a los canjes cobrarán en Buenos Aires.

A pesar de esa carencia de novedades, las palabras de Kicillof siguieron demostrando que la estrategia del Gobierno se basa en la cruda voluntad de no pagar, desprovista de escrúpulos conceptuales.

El ministro volvió a quejarse de que los pronunciamientos de los tribunales norteamericanos hayan sido favorables a los acreedores. Reiteró que las sentencias eran ilegales e ilegítimas. Y las adjudicó a un complot de Thomas Griesa con los holdouts para socavar el bienestar de la Argentina. El alegato puede ser más o menos razonable, pero presenta una deficiencia irresoluble: habría que encontrar un tribunal donde exponerlo. Porque el país se sometió por su propia voluntad a la justicia de los Estados Unidos y agotó, sin éxito, todas las instancias. De modo que puede aspirar a que políticos y académicos critiquen el fallo de Griesa para prevenir que se repita. Pero no a que lo revisen.

Kicillof corroboró que no termina de comprender el problema que debe resolver. Por ejemplo, enfatizó que en 2003 la administración Kirchner había detectado que los demandantes harían una interpretación capciosa de las cláusulas pari passu de los bonos para, en el futuro, embargar los pagos a los acreedores que acordaran con la República. Y denunció que Griesa desoyó la advertencia, para favorecer a los holdouts. Si aquel gobierno supo tan temprano que el juez bloquearía un eventual canje, ¿para qué sometió las reestructuraciones de 2005 y 2010 a su jurisdicción? Porque esas dos operaciones no fueron puestas bajo el arbitrio de Griesa por "la etapa neoliberal", sino por Kirchner. Kicillof hizo quedar al ex presidente como alguien muy poco perspicaz: ya en 2003 presumía que Griesa lo iba a perjudicar y, aun así, lo siguió buscando como juez.

El ministro insistió en que Paul Singer compró papeles en default a centavos de dólar después de 2005, e incluso de 2010, para después exigir el pago del valor original. De nuevo Kirchner queda mal parado. ¿Por qué no fue su gobierno el que rescató una deuda tan barata? En las narraciones de Kicillof, los "buitres" parecen ser mucho más inteligentes que los "pingüinos". Y nada menos que en cuestiones de dinero.

Kicillof no debería improvisar sus soliloquios. Ayer dijo que el fallo de Griesa es inaceptable porque ignora que los países pueden quebrar. Igual que las empresas. Y no porque lo desee el que cae en bancarrota. Olvidó que cuatro días antes la Presidenta tipificó la quiebra de Donnelley como un atentado terrorista.

En el mensaje enviado al Congreso para la aprobación de la ley, una monografía universitaria similar al "Informe Mosconi", el ministro incurrió en otro lapsus: vituperó a los holdouts por radicar sus sociedades en "guaridas fiscales", como Delaware. Es el Estado en que YPF, empresa de la cual él es vicepresidente, inscribió las firmas creadas para celebrar su fantasmagórico contrato con Chevron.

Al cambiar el lugar de pago de los títulos reestructurados, Cristina Kirchner cumplió con su promesa del 26 de agosto de 2013. Desde entonces esa operación inspira dudas que ni ella ni el ministro despejaron. El inconveniente más importante es que esa alteración requeriría la aquiescencia de la otra parte del contrato. La misma exigencia aparece si se reemplaza al Bank of New York por Nación Fideicomiso como fiduciario. El Gobierno debería haber gestionado el consenso del 66 o el 85% de los tenedores, según lo que se estipule en cada bono. Tuvo por lo menos un año para hacerlo.

Otra dificultad es que muchas instituciones financieras se rigen por estatutos que prohíben eludir sentencias norteamericanas. Esta restricción podría alcanzar a la sucursal neoyorquina del Banco Nación, perteneciente a la entidad que facilita la insubordinación a Griesa.

Una derivación que ningún experto ayer se animaba a descartar es que algunos bonistas vayan a juicio por incumplimiento de contrato. O algo más maquiavélico: que los propios holdouts compren los papeles de inversores timoratos para iniciar nuevos reclamos en los tribunales. Se estaría empollando una generación de "buitres" 2014.

Estas incertidumbres desvelan a la propia Presidenta. Anteanoche confesó estar "un poco nerviosa". Y envió a Carlos Zannini a escoltar a Kicillof para aclarar que el responsable último de la deuda es el Congreso. Aunque "está todo estudiado", los legisladores ya saben a qué atenerse si algo sale mal.

La jugada atemoriza a los empresarios, ya retraídos frente al descontrol macroeconómico, la ley de abastecimiento y la penalización de las quiebras. El más afectado es Miguel Galuccio, que había prometido en Wall Street un acuerdo con los holdouts. Ya era difícil conseguir petroleras dispuestas a invertir en Vaca Muerta. Ahora la pregunta es si habrá fondos internacionales que quieran financiar a YPF. Anteayer la Presidenta debió dar marcha atrás con la aplicación de la ley antiterrorista en el caso Donnelley porque Blackrock Fund, que es accionista de esa empresa, amenazó con retirarse de YPF. Cerca de Galuccio comienzan a ver otro peligro: que los implacables "buitres" embarguen los cargamentos de combustibles que compra Enarsa. La solidaridad política que el Gobierno obtuvo para su conflicto judicial no atenúa su aislamiento financiero.

Los dirigentes del Frente para la Victoria con expectativas electorales también se sienten víctimas. En los últimos días tuvieron novedades inquietantes: el gasto público desbocado; una reducción de la tasa de interés que garantiza más presión sobre el dólar; una ley de abastecimiento para intervenir en todos los sectores, y, ahora, el ingreso del default en una etapa más incierta. Sólo falta que los productores norteamericanos de soja sigan confabulándose con Griesa y con los "buitres" para obtener una cosecha récord, capaz de llevar el precio de la tonelada a US$ 360, como prevén en Chicago. Provocarían el quebranto de innumerables agricultores argentinos. En definitiva, muchos gobernadores e intendentes del oficialismo temen la recreación del escenario económico que los condujo a la derrota en 2013.

El más perjudicado es Daniel Scioli. Como el default le impide financiarse en el mercado, depende más de la misericordia presidencial. Por lo tanto, Scioli debe defender al Gobierno cada día más, con menos argumentos. Con un dolor adicional: trabaja a favor de quienes lo desprecian.

La oposición comenzó a abroquelarse contra la política económica, que incluye el desacato frente a Griesa. Mauricio Macri anunció que Pro no lo aprobaría. Y Ernesto Sanz reprochó a la Presidenta poner el problema fuera del contexto de la recesión y la pérdida de empleo. En el subibaja de la competencia electoral, Sergio Massa es quien más podría aprovecharse de la escena, porque cuenta con el dispositivo más adecuado para capturar el desencanto oficialista. Lo está demostrando en la Patagonia, herida por la desprovincialización de los recursos energéticos, que, por consejo de Galuccio, decidió Cristina Kirchner. Con el asesoramiento del ex gobernador de Chubut, Mario Das Neves, Massa capturó al rionegrino Alberto Weretilneck, teje alianzas en Neuquén con Jorge Sapag, Guillermo Pereyra y Horacio "Pechi" Quiroga, y seduce al PJ de Tierra del Fuego.

Era bastante evidente que, privada del incentivo que supondría competir el año próximo, Cristina Kirchner trabajaría para el espejo, desentendiéndose de su partido. Lo que era más difícil de prever es que iba a convertirse en la jefa de campaña de sus adversarios.

Por Eugenio A. Bruno.

El proyecto de ley que anunció la Presidenta tiene como fin, de acuerdo con su propia redacción, implementar mecanismos legales que permitan pagar la totalidad de los títulos públicos argentinos sujetos a los canjes de 2005 y 2010, es decir, tanto aquellos en poder de los denominados bonistas holding (92,4%) como de los holdouts (7,6 por ciento).

El primer aspecto relevante del proyecto es que se autoriza al Ministerio de Economía a remover al BONY Mellon como fiduciario de los bonos y a designar en su lugar a Nación Fideicomisos (NF). Pero, como particularidad, el proyecto mantiene la vigencia del contrato de fideicomiso actual, lo que genera algunas cuestiones legales para analizar, como por ejemplo si NF reemplazará plenamente a BONY Mellon en todas sus obligaciones y derechos como fiduciario así como aspectos propios relativos al procedimiento de tenencia y pago de dichos títulos.

Este punto se complementa con otros tres artículos del proyecto de ley. En especial el artículo 4, que dispone la apertura de una cuenta de NF en el Banco Central de la República Argentina a los fines del pago de los títulos (conforme el artículo 5), mientras que el artículo 6 establece que dichos fondos serán distribuidos a través de las nuevas entidades que designe el Ministerio de Economía o los tenedores de títulos. La última parte del artículo 6 agrega que las divisas allí depositadas serán de libre disponibilidad para los tenedores. Habrá que analizar la implementación del mecanismo, ya que el procedimiento administrativo vinculado con la designación y funcionamiento de entidades depositarias y custodias intermedias tiene ciertas complejidades y dificultades no menores que deberán sortearse a los fines de su implementación.

El segundo punto relevante se refiere a lo que se denomina una "solicitud de canje inverso", bajo el cual los tenedores pueden optar por solicitar un cambio en la legislación y jurisdicción aplicable, para lo cual se autoriza a Economía a instrumentar un canje por nuevos títulos regidos por legislación y jurisdicción local, en términos y condiciones financieras idénticas, y por igual valor nominal, a los de los bonos reestructurados que se presenten a la nueva operación de canje. En ese sentido, existen algunos aspectos legales para analizar, incluyendo la eventual aplicación o no de las órdenes judiciales de Griesa, denominadas "Antievasión" (impiden canjes locales), así como con los mecanismos propios del procedimiento de implementación relacionados con la identificación de los tenedores para participar en el nuevo canje.

En caso de sortearse estos obstáculos, dependerá de la voluntad y facultad estatutaria de algunos de los tenedores extranjeros de recibir títulos bajo ley argentina y de que no existan nuevos pedidos de bloqueos judiciales de los acreedores demandantes. Es posible, por estos motivos, que una parte importante de los bonos sujetos a las leyes de Nueva York se vean obstaculizados para aceptar el nuevo canje.

El último aspecto relevante tiene que ver con la autorización a Economía para que instrumente un tercer canje dirigido a los holdouts en condiciones iguales a las ofrecidas bajo el canje 2010. Aquí el principal interrogante se refiere al grado de adhesión. Se espera que los acreedores demandantes en Nueva York y otras jurisdicciones, como el Ciadi, no participen de un tercer canje, aunque es posible que ingresen tenedores minoristas y se reduzca el 7,6% en un monto a determinar.

El autor es socio del estudio Garrido

Por DANIEL MUCHNIK.

Uno de mis hijos, de visita en Chile, me envía un mensajito al celular:

"“Aquí respirás actividad económica, desarrollo.Hay apoyo al emprendedor, al ahorrista y al que va por derecha”".

No le contesto, no le puedo contestar, él sabe lo que pienso. Basta cruzar la cordillera o a emprender un vuelo corto y llegar al Pacífico o cruzar tan sólo el Río de la Plata. para ver los tremendos contrastes con la Argentina de estos días.

Tenemos una Ley Antiterrorista dando vueltas, una propuesta de retoque a la Ley de Abastecimiento que cercena la actividad privada al regular la producción, caída seria del consumo privado, mayor conflictividad laboral, enfrentamiento al gobierno de los Estados Unidos por el arrastrado conflicto por los fondos buitre, ínfimas relaciones exteriores con los países que deciden ( esos que marcan el ritmo del mundo) inflación anual del 40%, cepo cambiario, freno importador y freno exportador, menor empleo privado, falta total de inversiones en el mediano y largo plazo, la presión impositiva más alta de la historia nacional, imprevisibilidad y miedo, un miedo extendido y peligroso. Un miedo que no sólo tiene que ver con la inseguridad personal sino con sostener vida cotidiana, con la permanencia en el trabajo.

Es otra vuelta de tuerca al territorio vicioso nacional que va del auge a la depresión. Prometen que en el Parlamento se debatirán las cuestiones más delicadas, un centro legislativo donde domina el oficialismo. Colofón : ¿En que condiciones de agotamiento llegaremos al recambio de gobierno el año que viene?. Hay que cerrar los ojos : faltan un poco menos de 500 días. Es mucho, si la realidad no se modifica.

El Secretario de Comercio, Augusto Costa defiende la modificación a la Ley de Abastecimiento y pregona: “No es una ley venezolana si existe desde 1974, a menos que seamos chavistas desde hace 40 años”. Se parece a una burla. Y hay un desconocimiento histórico, salvo que se acepte que estos días que vivimos se parecen a los de aquel año. Hay que recordarlo. El ministro de entonces, José Gelbard puso en funcionamiento el Plan de Inflación Cero para contener el alza de precios.

Perón, enfermo, no podía conjurar la tormenta económica y política. La primera etapa consistía en el congelamiento de precios y salarios. Una vez estabilizado se iniciaría una segunda etapa de flexibilización. El proyecto quedó en el papel. La inflación rebrotó, con gran empuje. En mayo de 1974 alcanzó el 74 por ciento. No bajaría de los tres dígitos hasta el arribo de la Dictadura Militar. Por el alto costo de las importaciones de hidrocarburos en el tramo junio de 1974 a mayo de 1975 se gastaron dos tercios de las reservas en divisas disponibles. Con una línea económica beoda comenzó la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportación, creció el mercado negro. Los artículos de primera necesidad desaparecían de los mostradores. Sí, faltaba azúcar y papel higiénico. A la distorsión inflacionaria se agregaban los errores oficiales. Hubo evasión de capitales por miles de millones de dólares. Desde el gobierno peronista se reaccionó : “Es una maniobra de los monopolios”.

La culpa, en definitiva, era de los otros, no de la gestión oficial. Todo empeoró : en septiembre de 1974 se alejó Gelbard del poder pero la industria privada denunciaba su descapitalización, el agro cuestionaba efervorizado, los obreros reclamaban aumentos de salarios y los aliados de la Casa Rosada comenzaron a tomar distancia.

Es decir, comparar 1974 con el presente no es mirarse como corresponde en el espejo.

El martes pasado, frente a las pretensiones del actual gobierno todas las principales centrales empresarias confirmaron que la Ley de Abastecimiento “es inconstitucional”. Porque viola la propiedad privada y el derecho a ejercer industria lícita. Por supuesto: que el gobierno decida niveles de rentabilidad es, en cualquier idioma, una estatización de la producción global, un atentado al sistema.Y además es evitar volver a hablar del ojo de la tormenta, de la inflación, del déficit en las cuentas públicas y de los innumerables y porfiados errores de los funcionarios estatales.

Es previsible que dentro del oficialismo alguien se ilumine y hable. Se prendió una lamparita con las declaraciones de Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque cristinista en Diputados ( puede arrepentirse de haberlas dado) a radio Mitre, cuando puso reparos. Dijo: “"Yo tengo una mirada de un capitalismo de mercado más abierto"”.

Nadie niega que el Estado-Gobierno, teóricamente hablando debe ser custodio de los intereses de la ciudadanía, que fija pautas, que propone alternativas, que actúa con incentivos y con consignas claras. Pero de allí a hacer lo que quiera cuando quiera y por encima de la sociedad hay un largo trecho. Un cambio en la Ley de Abastecimiento como deslizan las autoridades provocará caos.